El sector agrícola opera en un contexto de riesgo estructural creciente. La variabilidad climática, la escasez de agua y la degradación de los suelos, entre otros riesgos físicos, han estado afectando cada vez más la viabilidad de la producción agrícola, reforzando la necesidad urgente de un enfoque de gestión orientado a la resiliencia del sistema productivo. Al mismo tiempo, los riesgos de transición, como la evolución reguladora –particularmente en la regulación ASG–, el actual contexto geopolítico y la presión ejercida por los mercados y por los consumidores, hacen que esta transformación no solo sea inevitable, sino también estratégicamente relevante.

La sostenibilidad no puede ser vista solo como una obligación reglamentaria o una cuestión de principio moral o ético, ni puede ser solo un costo inevitable o un compensación a la productividad o rentabilidad económica. Su verdadero potencial radica en la enfoque estratégico orientado hacia la creación de valor, en el que la adopción de prácticas sostenibles contribuye a la mejora de la productividad y competitividad a corto, medio y largo plazo.

La integración de nuevas prácticas o enfoques más sostenibles, ya sea en inversión productiva o no productiva, debe estar respaldada por una toma de decisiones informada que permita evaluar los impactos y resultados a lo largo del tiempo. En este contexto, el seguimiento deja de ser solo un ejercicio de presentación de informes o cumplimiento normativo. La recopilación y el seguimiento de indicadores relacionados con la salud del suelo, la eficiencia hídrica, la estabilidad productiva y la eficiencia operacional permiten reducir la incertidumbre asociada a la transición, generando información relevante para orientar decisiones de inversión, ajustar prácticas y anticipar riesgos.

Es precisamente en esta relación entre decisión, información y gestión del riesgo donde el valor se crea, manifestándose en diferentes dimensiones: mitigación de los riesgos, eficiencia operacional y valorización del activo, del producto y de la empresa.

En primer lugar, la gestión y mitigación de riesgos. Las explotaciones más resilientes al impacto del cambio climático, a la disponibilidad variable de recursos y a la volatilidad de los mercados presentan una mayor estabilidad productiva y una menor exposición a pérdidas inesperadas, lo que se traduce en una mayor previsibilidad económica. En segundo lugar, los ganancias de eficiencia operacional, ya sea por la optimización del uso de los factores de producción y de las operaciones en la explotación, ya sea por la reducción de los costos asociados a la degradación de los recursos naturales. Y en tercer lugar, la puesta en valor del activo agrícola, del producto y de la empresa. Las empresas y explotaciones gestionadas con una visión a medio-largo plazo se vuelven más atractivas para nuevas fuentes de financiación, seguros y asociaciones comerciales, y mejor posicionadas frente a exigencias reglamentarias y de mercado. Adicionalmente, podrán diferenciar sus productos (por ejemplo, con sellos de sostenibilidad, accediendo a primas de precios) y eventualmente conseguir generar fuentes de ingresos adicionales (por ejemplo, créditos de carbono, de biodiversidad, u otros servicios de ecosistemas).

Además, Es fundamental comprender que los desafíos de la sostenibilidad agrícola van más allá de la producción primaria, teniendo repercusiones a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria. La variabilidad productiva, las caídas de calidad o el aumento de costes no solo afectarán al productor, sino también a la industria, a la distribución y al comercio al por menor. Por esta razón, es urgente afrontar este desafío como colectivo, evitando concentrar el riesgo de transición en la producción. Programas que involucren a productores y a otros miembros de la cadena de valor, de la industria, de la distribución, de entidades de financiación o de entidades públicas, permiten la construcción de un enfoque proactivo, alineando incentivos y compartiendo riesgos y oportunidades.

El sector se encuentra actualmente en un momento decisivo en el diseño de su estrategia de sostenibilidad, que debe ir mucho más allá de los créditos de carbono. El foco tiene que ser la creación de resiliencia, a través de la definición de objetivos claros, estrategias creíbles de implementación y de la movilización de toda la cadena de valor agroalimentaria. Más que por principio, o ser un objetivo ambiental o social aislado, la sostenibilidad debe afirmarse como un componente central de la estrategia económica de las empresas. Integrarla de forma estructurada es un paso esencial para garantizar la competitividad y la resiliencia del sector, asentadas en un contexto de incertidumbre creciente.